Propone Pablo Casado algo parecida a una ley de concordia y, claro, de inmediato empiezan a surgir dudas. De entrada, hay algo redundante en la expresión: en una democracia, cualquier ley, por ser tal, contribuye al fomento de la concordia y la convivencia entre los ciudadanos. Si no lo hace, una de dos: o no hablamos de la democracia o no es una buena ley (en realidad, si se da el primer supuesto, de manera inevitable se dará el segundo). Con sus aciertos y sus errores, España ha venido generando leyes desde la Transición, precisamente, con este objetivo primordial. Así que da la impresión de que Casado acaba de descubrir la fórmula de la Coca-Cola y quiere adjudicarse el tanto ante todo el mundo. Dicho de otro modo: cualquier ley que no sea de concordia no nos sirve. Otra cosa es que Casado pretenda, como parece, sustituir la Ley de Memoria Histórica por la que trae bajo el brazo. Y a lo mejor es cuando hay que empezar a preocuparse, más que nada por una cuestión de conceptos. Califica el líder popular la normativa zapateril de "sectaria", y, bueno, dado que aquel texto pretendía introducir una noción de justicia, igual es inevitable que se atienda más a unos que a otros a la hora de aplicar compensaciones; otra cosa, insisto, son los abundantes errores cometidos. Por ignorancia o por incompetencia. Tanto monta.
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