Todos los grupos parlamentarios salvo Esquerra suscriben el texto que pondrá punto y final a la fórmula introducida por el PP en su reforma de 2013
Los pensionistas han sumado hoy su segunda victoria en la batalla que comenzaron hace ya casi un año por las calles de las principales ciudades españolas para exigir que se les garantice su poder adquisitivo después de cuatro años consecutivos con una subida mínima del 0,25%. Si primero fue el Gobierno del PP quien pactó con el PNV una subida del 1,6% este año y el siguiente conforme a la previsión de la inflación –algo que no fue suficiente para ellos por tratarse de una subida puntual– ahora es el Pacto de Toledo el que respalda totalmente esta exigencia: las pensiones deben revalorizarse conforme al IPC real, basándose en la recomendación que ya hizo en 2011.
Éste es el primer acuerdo que ha alcanzado esta comisión después de dos años de trabajo, aunque deberá ser ratificado en la próxima reunión. El consenso no es unánime, puesto que Esquerra no lo ha secundado, pero sí ha sido suscrito por el resto de grupos parlamentarios: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Compromís, según han confirmado fuentes parlamentarias a este periódico.
Con este pacto, se cierra así el debate en torno a la recomendación segunda, cuyo texto dice literalmente así: «Los pensionistas son, sin duda, unos de los sectores de población más perjudicados por las variaciones crónicas –generalmente al alza– que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida. Por esa razón la revalorización anual en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones».
Otra cuestión será establecer cuál es la inflación real cada año, puesto que puede tomarse de referencia la de noviembre (como se hacía hasta ahora), la de diciembre o la media anual, algo que no se ha concretado en el Pacto de Toledo, que puesto que sus recomendaciones son de carácter general.
Además, el documento precisa que «la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra mejora que cuando lo permita la situación económica pueda aumentar el poder adquisitivo». Y, de igual manera, incluye una crítica explícita al hecho de que «no existe consenso» en torno al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que entró en vigor con la reforma de 2013 del PP, lo que implica, por tanto, su derogación. A su vez, se explica que para cualquier desarrollo ajeno a lo escrito en esta recomendación «ha de hacerse siempre previa consulta y debate en el seno de esta comisión».
Sin embargo, el texto incluye que «la comisión considera esencial, a efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación 'Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones' aprobada en el año 2011», lo que podría llevar a interpretaciones, puesto que en esa reforma se dejó abierta la puerta a introducir otros elementos además del IPC para la revalorización. Y así lo ha dejado caer el diputado del PDeCAT Carles Campuzano, precisando que se trataba de un pacto «de mínimos» y que el hecho de volver a la recomendación de 2011 podría permitir introducir otros parámetros como los salarios o el PIB.
En esta línea se ha manifestado también el diputado popular Gerardo Camps: «El IPC es un indicador troncal, pero no el único», precisando que «le corresponde al Gobierno analizar si hay que añadir otros indicadores». De igual manera, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Sergio del Campo, ha incidido en que la inflación debe marcar la pérdida o ganancia del poder adquisitivo y ser «eje central». Precisamente éstos tres partidos –PP, Ciudadanos y PDeCAT– eran los que defendían que el IPC debía ser un «elemento troncal» pero no el único, ya que consideraban que en épocas de crisis igual las pensiones más altas debían subir menos y blindarse solo las más bajas.
No lo entiende así la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Aina Vidal, que considera que las pensiones no van a depender «de otras cuestiones que no tengan que ver con el IPC». En este sentido, ha advertido de que si el Gobierno se atreve a moverse en algún otro parámetro que no sean los precios, volverá a encontrarles con los pensionistas «en la calle».
Por su parte, la diputada socialista Mercè Perea valora el «logro colectivo» que supone este acuerdo que –a su juicio– recomienda que las pensiones se revaloricen de forma «transparente» con el IPC.
De cualquier modo, la medida no será inmediata. La propuesta formará parte del conjunto de medidas que el Pacto redactará para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema y posteriormente deberán ser debatidas y votadas en el Congreso. Una vez que sean aprobadas por la Cámara Baja, el Gobierno tiene que legislar siguiendo, previsiblemente, esas directrices.
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