El índice de precios elaborado por el Gobierno revela que entre 2015 y 2018 la renta media en la provincia pasó de 500 a 600 euros mensuales, siendo Benahavís el municipio más caro y Archidona el más barato
Ya lo venían advirtiendo los estudios elaborados por los portales inmobiliarios: el precio del alquiler se ha disparado en Málaga en los últimos años. Ahora esta realidad queda refrendada por un índice oficial: el primero que, elaborado por el Gobierno, analiza en España la evolución del precio de los arrendamientos. Ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentó el Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio de Alquiler de Vivienda, que es resultado de la explotación de la información declarada a efectos tributarios en 2015, 2016, 2017 y 2018 correspondiente a más de 11,2 millones de bienes inmuebles que han sido arrendados en España como vivienda habitual.
Según esta novedosa estadística oficial, Málaga es la provincia donde más se encareció el alquiler entre 2015 y 2018: un 20%, ya que el precio mediano (un concepto estadístico parecido a la media, que hace referencia al número que se sitúa en el medio de una lista ordenada) pasó de 500 a 600 euros mensuales. Las siguientes provincias en el ranking son Barcelona y Baleares, con un 15% de subida. Málaga se sitúa ya como la sexta provincia española con los alquileres más altos por detrás de Madrid, Ceuta, Barcelona, Melilla y Baleares. Una posición que no guarda ninguna armonía con el nivel adquisitivo de sus habitantes, pues Málaga (como el resto de Andalucía) se encuentra en el vagón de cola en cuanto a salarios. El ministro Ábalos mencionó a Málaga entre las principales zonas «tensionadas» junto a Madrid, Barcelona, Valencia o las islas. El valor del metro cuadrado en alquiler se sitúa en 7,7 euros.
La fuerte subida concentrada en esos tres años (de 2015 a 2018) ha hecho que Málaga desbanque a Sevilla como provincia andaluza con los alquileres más caros: la primera ha pasado de 500 a 600 euros mensuales como precio mediano y la segunda, de 508 a 561 euros. La mediana regional se sitúa en 467 euros mensuales por el efecto a la baja que ejercen las provincias más asequibles, como Almería y Jaén, que se quedan en 400 euros.
Dentro de la provincia de Málaga, el municipio más caro para vivir de alquiler es Benahavís, donde la renta mensual más habitual alcanza los 899 euros. Es, además, la localidad que más se ha encarecido: nada menos que un 28% en tres años. Después se sitúan Marbella, con 700 euros de alquiler mediano y casi un 17% de aumento; y Málaga capital y Fuengirola, empatadas en 600 euros, con incrementos del 15% y el 20% respectivamente.
La estadística elaborada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana refleja que los municipios del interior de la provincia tampoco se libran del encarecimiento de los alquileres: Coín, por ejemplo, registra una subida del 25% y Alhaurín de la Torre, un 19%. Esta tendencia puede estar relacionada con el recrudecimiento de la carestía de la vivienda de alquiler en la capital malagueña, que ha empujado a muchos ciudadanos a ampliar su radio de búsqueda a localidades próximas, haciendo que allí los precios suban también.
Dentro de Málaga capital, los alquileres más caros se encuentran en el distrito Este (800 euros), el Centro (695) y Churriana (669). Los más baratos están en Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Palma-Palmilla (500, 500 y 505 euros respectivamente).
Este índice es un «primer paso» para avanzar en el compromiso del Gobierno de limitar el precio del alquiler, según dijo ayer Ábalos, el Ejecutivo analizará primero el impacto de la crisis en los precios del alquiler y después tomará decisiones al respecto, según han precisado fuentes de Transportes, que en paralelo imprimirá un impulso de la política de vivienda con el anteproyecto de la primera Ley estatal de vivienda previsto para este año.
El nuevo mecanismo «sencillo, detallado, preciso, contrastado y fiable» permitirá disponer de un índice de precios de alquiler con datos de mercado por primera vez en España, destacó Ábalos, quien añadió que servirá para que las administraciones públicas, los actores del mercado inmobiliario y los ciudadanos puedan conocer en detalle la evolución de los precios del alquiler.
Para su elaboración se han cotejado 11,2 millones de arrendamientos de los últimos cuatro años, cuenta con datos anuales basados en información de 1,7 millones de inmuebles (1,5 millones de arrendamientos en vivienda colectiva y 0,2 millones de vivienda unifamiliar) y se han agregado datos referidos a rentas mensual del arrendamiento, metros cuadrados, cuantía mensual y superficie en todos los niveles territoriales. «Ofrece una información pormenorizada y precisa de la evolución del mercado del alquiler a través de una metodología científica», ha enfatizado.
Un estudio revela que el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 33% en Málaga desde 2015
JESÚS HINOJOSA
El secretario general de Vivienda, David Lucas, detalló que sistema de índices de precios de alquiler desagrega los datos de 33.662 secciones censales, de 9.842 distritos censales, 7.593 municipios, 46 provincias y 15 comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla. No obstante, ha apuntado que se está en contacto con el País Vasco y Navarra para intentar cruzar sus datos y tienen «predisposición», por lo que podrían añadirse pronto sus datos.
En cuanto a las fuentes de información, el nuevo sistema de índices de precios del alquiler se nutre la Agencia Tributaria, el catastro inmobiliario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro de la propiedad, el Banco de España y los depósitos de fianza de las comunidades autónomas y los datos de oferta de los portales inmobiliarios.
Según Ábalos, el objetivo «no es enmendar los datos de los portales inmobiliarios, cuya aportación es valiosa», sino subsanar una «carencia histórica» y poder ofrecer una herramienta de estadística estatal sobre precios para que particulares y agentes dispongan de información y las administraciones tengan un instrumento «muy útil» para la toma de decisiones.
El ministro destacó que el 24% de los hogares en España reside en vivienda de alquiler, de los que un 38% destina más del 40% de los ingresos al pago de esa renta. Además, el 52% de los jóvenes entre 18 y 29 años son inquilinos y fueron los «grandes paganos» de la anterior crisis debido al modelo especulativo que llevó a la burbuja inmobiliaria.«Parece evidente de que la actual crisis nos obliga a estar muy vigilantes en el mercado de la vivienda y en los más jóvenes», afirmó.
Nueva ley estatal
De esta forma, avanzó que se impulsará la primera ley estatal de vivienda para contribuir a garantizar la igualdad de los españoles en el derecho al acceso a una vivienda digna con el objetivo de regular aspectos como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como servicio público de interés general y el blindaje a la protección social de la vivienda, así como el establecimiento de mecanismos para impedir la enajenación de parques públicos de vivienda, evitando «prácticas del pasado».
Así, Ábalos apuntó que el índice de precios es una medida más dentro del «ambicioso» programa que comprende el Plan de Rehabilitación Nacional, el Plan de Acceso a la Vivienda, el Plan 20.000 y la nueva Ley de Arquitectura y Calidad del entorno constructivo, cuyo proyecto de ley se someterá desde este miércoles a consulta pública.
Sin fecha para limitar los precios
El sistema de índices de precios se recogía en el Real Decreto 7/2019 de 1 de marzo de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, que contemplaba la creación de dicho índice y fue previo al acuerdo programático de diciembre del año pasado entre el PSOE y Unidas Podemos en el que se recogía el compromiso de impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado».
A partir del sistema estatal de índices de precios, el acuerdo señalaba que se habilitaría a las comunidades autónomas y ayuntamientos a poder establecer su propio índice. Fuentes de Transportes precisaron que el Gobierno tendría que habilitar a estas administraciones con una modificación de una ley estatal para que pudiesen fijar límites, si bien a nivel nacional no se ha decidido cómo se procedería a limitar los precios, en caso de hacerse.
«Tenemos un compromiso de legislatura y los compromisos son para cumplirlos, pero queremos ver qué impacto tiene la crisis en el mercado y cómo podría hacerse», señalan desde el Ministerio.
Nuria Triguero
Diario Sur
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