La crisis económica que ha vivido nuestro país ha sido especialmente dura para las familias, muchas de ellas han perdido su vivienda, su empleo, son mayoría las que tienen dificultades para llegar a fin de mes y, en la pobreza o al borde de la exclusión, muchas sufren con dolor para darle de comer a sus hijos.
Es cierto que la crisis no ha sido igual de dura para todos. Hay quien ha salido beneficiado con ella. Como por ejemplo los ricos, que hoy son mucho más ricos. Recientemente leía un informe de la ONG Oxfam Intermón donde se señalaba que las tres personas más pudientes de España acumulan la misma riqueza que el 30% más pobre de nuestro país, 14,2 millones de personas. Y que sólo en el último año 7.000 españoles se han convertido en millonarios, mientras el 30% de la población más pobre ha visto reducido su patrimonio un 33%. También han salido muy beneficiados con la crisis los grandes defraudadores y los amigos del PP con su inconstitucional amnistía fiscal.
Mientras Rajoy subía los impuestos a los trabajadores con subidas extraordinarias del IRPF y del IVA, a los grandes defraudadores les perdonaba el pago de sus obligaciones tributarias mediante una amnistía fiscal injusta e inmoral diseñada por el ministro Montoro. Una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional.
Pero a los que también les ha ido muy bien ha sido a los bancos (no así a los miles de empleados del sector que han perdido su empleo), que han hecho su agosto con esta crisis, especialmente con las cláusulas suelo. Tres millones y medio de personas afectadas por estas cláusulas. 3.700 millones de euros birlados. Es la estafa del siglo.
La cláusula suelo es la limitación mínima del tipo de interés que aplican los bancos a los préstamos hipotecarios que impide a las personas consumidoras beneficiarse de las bajadas del tipo de interés. O dicho de otro modo, los intereses bajaban cada año, pero miles de familias seguían pagando lo mismo por sus hipotecas.
En nuestro país se declaró su nulidad y carácter abusivo por sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2013; sin embargo, esta sentencia impedía la retroactividad. En diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los bancos están obligados a devolver hasta el último céntimo cobrado ilegalmente por las cláusulas suelo, además con efecto retroactivo.
Un mes después de esta sentencia, en enero, el ministro De Guindos aseguró en los medios de comunicación que en tres meses la gente habría cobrado, que se haría en diálogo con los bancos, sin tener que ir a la Justicia.
Rajoy puso en marcha un decreto ley para devolver el dinero de las cláusulas suelo ese mismo mes. Los socialistas mejoramos sustancialmente este decreto, pero nos abstuvimos porque teníamos dudas del Gobierno y de los bancos.
No nos equivocamos, seis meses después de que se aprobase el citado Real Decreto, la mayoría de los bancos no ha pagado ni un céntimo, y lo que es peor, no tiene las más mínima intención de hacerlo. Por tanto, nada de diálogo con los bancos, a las familias no nos quedará más remedio que ir a la Justicia.
Y es aquí, cuando al Consejo General del Poder Judicial se le ocurre la brillante idea de crear un juzgado específico por provincia para cláusulas suelo. Uno solo por provincia. Esta medida ha sido recurrida ante el Supremo por el Consejo General de la Abogacía y a los socialistas nos parece profundamente injusta, porque favorece a la banca y perjudica a los ciudadanos. ¿Y por qué? Por tres razones muy simples.
Sólo en la provincia de Málaga hay 50.000 afectados por las cláusulas suelo. Si todos van a ese juzgado, se colapsaría, retrasando las sentencias. Y entonces los bancos triunfarían, porque así tardarían en pagar a la ciudadanía siete, ocho o incluso diez años. Para muestra un botón: los jueces habían previsto la entrada en este juzgado especializado en Málaga de 1.400 asuntos entre junio y diciembre, pero en un mes y medio ya se ha llegado a un millar de procedimientos.
En segundo lugar, porque aleja la justicia de los ciudadanos. Los afectados de Ronda, por ejemplo, tendrán que recorrer más de 100 kilómetros para venir a Málaga a presentar la demanda, cuando podrían hacerlo al lado de su casa, en un juzgado ordinario.
Y en tercer lugar, porque la puesta en funcionamiento de estos juzgados especializados está siendo un fracaso. En algunos casos no tienen ni espacio físico siquiera que los acoja y en otros se han situado a jueces en prácticas. Incluso hay alguno, que no tiene ni secretario judicial ni funcionarios que se puedan ocupar de este tema.
La semana pasada pude interpelar en el pleno del Congreso al ministro De Guindos sobre todo esta cuestión, le planteé por qué el Gobierno no ha apretado a los bancos para que paguen ya o por qué no han negociado o lo han hecho tan mal con el Poder Judicial
No hubo concreción de ningún tipo por parte del ministro, porque siguen mirando para otro lado con este asunto. El Gobierno favorece a los bancos frente a los ciudadanos.
Pero hay muchas familias que necesitan recuperar el dinero de las cláusulas suelo y recuperarlo cuando antes, porque cuando lo necesitan es ahora. Los bancos no siempre pueden ganar. Ya es hora de que se haga justicia y que ganen los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario