Si alguien cree que el referéndum tendrá alguna relevancia jurídica es que no está en su sano juicio
Nos acercamos con vértigo a un precipicio que es este fin de semana, culminado por un día que quedará marcado en nuestra memoria por el intento de referéndum independentista de Cataluña y al que seguirá, casi con toda probabilidad, una histriónica declaración unilateral de independencia a la que costará conceder el menor crédito. El panorama es de traca. Tenemos un censo electoral que parece sacado de las Páginas Blancas y que ha dado la vuelta al mundo alojándose en diferentes páginas web al más puro estilo de la piratería, incumpliendo según se dice los preceptos más básicos de la Ley de Protección de Datos. Tenemos también unas urnas que, si es que están, van a ser como un recortable navideño. Y la probable incautación de papeletas provocará que los electores tengan que imprimir su voto de aquella manera en sus propias casas porque las impresoras domésticas se han convertido en los sostenes de la liberación catalana. También se están paralizando las cartas que los promotores han pretendido enviar a los presidentes de las mesas electorales y a los vocales, y que son misivas que tienen veneno dentro porque si te llega una de esas cartas tienes dos opciones: incumplir la ley española participando activamente en un referéndum ilegal, coqueteando con la posibilidad de salir imputado por delitos relacionados con la sedición o la desobediencia, o enfrentarte a una posible multa del Gobierno catalán por no asistir a su mesa electoral. Todas estas cosas, junto a las declaraciones públicas cada vez más disparatadas de los líderes del proceso, van a convertir el día siguiente al 1-O en un lunes de ascuas, un día en el que será más difícil proponer, como diría un tecnócrata, un 'marco de convivencia válido en nuestro país'.
No sabemos cuál será el marco pero lo que ya tenemos montado es el cuadro completo. De parte del Estado español, cuyas maneras, no nos engañemos, tampoco suelen salir del todo airosas, nos quedamos con ese crucero cargado de policías que está atracado en el puerto de Barcelona y que ha venido decorado con personajes de dibujos animados. La imagen de Piolín, el Coyote y el Correcaminos prestando su imagen al alojamiento de los encargados de mantener el orden público ha sido la mofa generalizada de los últimos días, con toda la lógica y con todo el descaro de estos tiempos. Esta ha sido la guinda de toda esta parodia: imaginarse a algún alto cargo de Interior dando el visto bueno al uso de este ferry con la imagen de Piolín en primer plano. Pero habrá más cosas, algunas nos tocarán cerca. No hay más que ver el número de ayer en el pleno municipal a la hora de votar una moción a favor de la Constitución. Si alguien cree que el resultado de este circo tendrá algún tipo de relevancia jurídica es que no está en su sano juicio. El referéndum no solo será ilegal, sino también de lo más cutre.
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