Desde el Gobierno de la nación no se puede apelar a los planes de pensiones privados cuando más de 240.000 malagueños tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional
Desde 1985 CC OO ha venido defendiendo un sistema de pensiones público buscando con sus propuestas el reforzamiento y fortaleza del mismo. Por eso ante los cambios que el Gobierno de entonces quería llevar a cabo convocamos en solitario una huelga general el 20 de junio de ese año, sin más compañía que algunas formaciones políticas minoritarias y nuestra propia afiliación. Se protestaba contra el intento del Gobierno de ampliar, entonces, el período de cálculo de las pensiones de los dos últimos años hasta los ocho años. Esta reforma salió adelante sin el apoyo de nuestra organización.
Desde ese momento y hasta ahora, CC OO ha estado siempre pegada a una defensa de las pensiones que garantice el cumplimiento constitucional recogido en su artículo 50 que dice: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad», el mandamiento constitucional hace prevalecer el derecho a una pensión como mandato constitucional, y no sujeto a situaciones económicas diversas ni a disponibilidad presupuestaria del momento.
Con ese fin, hemos impulsado la creación de un espacio de diálogo social denominado Pacto de Toledo, creado bajo el consenso de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el año 1995, y con el único fin de debatir y proponer medidas que fortalezcan las pensiones públicas y sacando del debate político entre partidos este pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar. Por eso es importante que en ese marco de relaciones sociales se realicen propuestas, se debatan y se lleven a cabo consensos siempre bajo el epígrafe de garantizar a quienes dependen del conjunto de la sociedad su salud, dependencia y pensiones que bien merecidas las tienen.
En este camino hemos incorporado más derechos de jubilación reconociendo como tiempo cotizado a efectos de pensiones los permisos de paternidad o maternidad, pudiéndose sumar hasta cinco años de cotización a estos efectos, los servicios militares o de prestación social sustitutoria igualmente, la incorporación de empleadas de hogar al régimen general, los trabajos de becarias o becarios se les mejoraba hasta dos años por sus períodos de prácticas, la mejora o mantenimiento de jubilaciones anticipadas por diferentes causas o motivos como la penosidad laboral, las viudas vieron cómo se ampliaba su base de cotización del 52% al 60%, las empresas que llevaban a cabo expedientes de regulación de empleo deben contribuir a sufragar el coste que supone para la Administración las jubilaciones de mayores de 50 años; por último, también hemos reforzado la mejora de las pensiones, cuyos efectos se han dejado notar hasta el año 2014, siendo éstas las que mejor han soportado la crisis económica hasta esa fecha. Pero la llegada del PP al Gobierno paralizó muchas de estas mejoras.
En un momento de crisis como el que empezamos a vivir desde el 2008, hemos sabido reforzar el sistema y fortalecer las pensiones públicas, hasta la llegada al poder del Gobierno del PP que de forma unilateral, y aprovechándose de su mayoría absoluta, sin diálogo ni consenso, ha llevado a cabo una reforma de las mismas, iniciando el camino de los recortes en su cuantía, con la falsa subida del 0,25% que esconde una rebaja del poder adquisitivo real de jubilados y pensionistas, pues en estos momentos llevan perdido un 1,8% de poder adquisitivo en unos casos y al final de este año el descenso de las pensiones se incrementa de forma notoria tanto para los actuales como para las futuras pensiones.
Desde el Gobierno de la nación no se puede apelar a los planes de pensiones privados cuando más de 240.000 malagueños o malagueñas tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional o cuando más de 150.000 trabajadores -en Málaga- están en situación de desempleo.
Las pensiones no sólo son sostenibles, son mejorables en nuestro país. Mejorando el empleo -contratación y salarios-, quitando el tope a las bases máximas y subiendo las bases mínimas, incrementando en dos puntos las cotizaciones, equiparando las bases medias de autónomos con el régimen general, asumiendo el Estado los gastos de personal de la seguridad social, convirtiendo las tarifas planas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo, aumentando la inspección contra el fraude, son propuestas que desde CC OO hemos presentado ante la comisión del Pacto de Toledo y que junto a otras se debieran debatir, de no ser así, el impulso que desde CC OO vamos a realizar en las movilizaciones de pensionistas o jubilados no sólo se va a mantener sino que vamos a aumentar más si cabe, no descartando la convocatoria de huelga general, con toda la sociedad unida por nuestros mayores.
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