Pensar que semejante exhibición de zafiedades, falta de escrúpulos al ordenamiento jurídico que nos rige y, sobre todo, el desprecio a la convivencia y la incitación al enfrentamiento se haya producido en Europa, en una ciudad que siempre ha sido modelo de respeto a las diferencias, es además de otras valoraciones delictivas, que los tribunales tendrán que hacer de los hechos punibles, muy deprimente para las personas que contemplan la actividad pública con sensatez. Los secesionistas han avasallado a quienes no opinan como ellos, a quienes propugnan el diálogo y, por supuesto, aunque eso tienen que ratificarlo los jueces, pisoteado las leyes.
Los acuerdos adoptados por una mayoría exigua de diputados, no de votantes, de muy diferentes ideas políticas -desde la derecha acomodaticia hasta el anarquismo incipientemente violento- pero coyunturalmete unidos contra natura para imponer sus voluntades por la fuerza, se saltan el Estatuto que les concede su autonomía y la Constitución que, junto al resto de los españoles, los catalanes aprobaron en su momento. Ni siquiera los dictámenes jurídicos alertando de la improcedencia de sus actuaciones sirvieron para frenar el despropósito.
Todo con la alevosía de publicar el acuerdo de convocatoria de un referéndum ilegal en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma antes incluso de que el pleno de la Cámara se reuniese. Ahora vendrán las reacciones oficiales del Gobierno, del Tribunal Constitucional y de los Tribunales de Justicia. Son muchos los delitos acumulados en este vulgar intento de golpe de arrogancia matona a base de argucias, mentiras y atropellos que no pueden quedar impunes.
Con todo quizás lo más deplorable sea el mal trago que una parte de sus paisanos está haciendo pasar al resto de los catalanes. Millones de catalanes estarán lógicamente muy preocupados, además de avergonzados.
Diego Carcedo
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