Lo que España necesita no es un sistema penitenciario más severo, sino una mayor protección a las víctimas
Cuando los responsables nacionales del PP, Mariano Rajoy incluido, se empeñan en referirse a la prisión permanente revisable como un derecho social, incluso como una conquista pendiente, conviene tomar todas las precauciones. Cuando los líderes de Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, se encogen al principio de hombros pero luego, apenas el PNV decide asomar la colita, hacen como que se lo toman más a pecho que nadie con lemas del talión tipo "el que la hace, la paga", entonces no hay más remedio que parecer mal pensados. Exactamente, ¿qué derecho social es el que se satisface con la prisión permanente, cuyos efectos respecto a los índices de criminalidad, según ha quedado demostrado en otros países, son más bien nulos? ¿Qué beneficio produce a la sociedad la eliminación en el sistema penitenciario de cualquier aspiración a la reinserción cuando España mantiene uno de los niveles de seguridad más elevados de Europa? Lo que se produce no es un beneficio, sino una satisfacción: la de la jauría que pide más carnaza contra el delincuente con tal de dejar su conciencia un poco más tranquila. La exigencia de que el criminal no vuelva a ver la luz del sol es nuestra manera de decir "hemos hecho lo que estaba en nuestra mano". Pero la carnaza no es objeto de derecho. La conciencia tranquila, tampoco.
Lo curioso es que esa masa social a la que ahora quieren seducir el PP y Ciudadanos, la que pedía la cárcel de por vida para El Chicle antes incluso de que oyeran hablar de él, es la misma que se tragaba enterita toda la mierda que la basura mediática escupía sobre Diana Quer y sus padres mientras se buscaba el cadáver. Juan Carlos Quer tiene ahora toda la legitimidad del mundo para recoger firmas a favor de la prisión permanente revisable, por más que la reducción de la reincidencia no vaya a traducirse en menos criminalidad; pero lo que España necesita no es un sistema penitenciario más severo, sino más protección a las víctimas. Hoy día, si eres autónomo y un desalmado mata a tu hijo, el Estado no te garantiza una protección si no abres tu negocio al día siguiente (los funcionarios tampoco tienen muchas más coberturas, por cierto). Si te dedicas a estudiar y pierdes a tus padres, es probable que encima pierdas tu casa si sigue pendiente el pago de la hipoteca. Las víctimas de la violencia sufren una soledad intolerable por parte de las instituciones públicas. Y es aquí donde el Estado tendría que ponerse las pilas en lugar de hacerse tan bien el duro.
Por no hablar de la precariedad de medios que afecta a las fuerzas de seguridad. Pero, claro, esto da menos votos. Más carnaza.
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