El Gobierno de la comunidad más poblada de la cuarta economía del euro implantó un sistema bananero para repartir 854 millones durante once años para paliar el drama del paro. Los presidentes en ese periodo lo eran además del PSOE, el partido que durante más años ha gobernado España en democracia. El escalofriante auto del juez Alvaro Martín que cierra la instrucción describe unos hechos que deben ser juzgados y nunca más repetidos en un país que pretende ser avanzado. Es muy importante que no solo se considere delictivo que un dirigente político se lleve dinero público, sino también, aunque no se lo embolse, que tome decisiones de descontrol del erario a sabiendas para forjar una red clientelar ajena al interés general. Por eso, en relevante precedente en España, Manuel Chaves y José Antonio Griñán van camino del banquillo de los acusados tras las revelaciones en los últimos años, de, entre otros, EL MUNDO en Andalucía. En el Financial Times recuerdan que el PSOE lleva gobernando esta comunidad desde 1978.
1. Saqueo de 854 millones. "Entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse procedimiento específico, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros".
2. "Total oposición a la Ley". "Los mecanismos utilizados para proveer de fondos públicos al procedimiento específico, la forma de gastar estos fondos, la ausencia de criterio para la fijación de los beneficiarios, de las cuantías concedidas y del control del destino, permite concluir que se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los de terceros, que ello se hizo con total oposición a la Ley y al Derecho y con una total falta de objetividad".
3. Seis controles burlados. El sistema que permitía repartir subvenciones para paliar el drama del paro se implantó "con estos fines u objetivos": "Eludir la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, la cual es propia de todo procedimiento de subvención; omitir el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención; ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella; falta de control del cumplimiento, por parte del solicitante de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda; infracción de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad,transparencia, igualdad y no discriminación que es exigible en todo procedimiento de subvención conforme a lo dispuesto por la Ley general de Subvenciones; y ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención, vía oportuna justificación por parte del beneficiario".
4. Pluralidad de responsables. "Apreciamos una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".
5. Manuel Chaves autorizó. El que fuera presidente del PSOE y ministro de Trabajo presenta indicios suficientes de delito de prevaricación, según el juez instructor. Sin pena de cárcel, pero sí de inhabilitación para cargo público. "El Sr. Chaves asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa". "Conocía la ilicitud del sistema que estaba instaurando y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia".
6. José Antonio Griñán mantuvo. Acusado además de malversación continuada de fondos públicos, penada con cárcel, porque fue todavía más consciente que Chaves de lo erróneo del sistema, según el auto.. "Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. Como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones,conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones". En el caso de este ex presidente del PSOE, "no es concebible que se mantuviese ajeno",concluye el juez.
7. Magdalena Álvarez inició. Acusada de prevaricación, era la consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. Posteriormente fue ministra de Fomento e incluso vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. "De ella consta que inició el impulso de este procedimiento proponiendo la realización de modificaciones presupuestarias que se gestionaban o aprobaban en su departamento".
8. Gaspar Zarrías no adoptó medidas. Era el consejero de Presidencia de la Junta y está acusado de prevaricación. "Como responsable del gobierno de la comunidad, impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones (...) no adoptó medida alguna para la modificación del régimen".
9.José Antonio Viera, "plenamente consciente". Como consejero de Empleo "era plenamente consciente de todas las características del sistema que se estaba instaurando". Está considerado mentor, como jefe directo en el partido de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "Su honestidad está más que demostrada", dijo de él Díaz en 2011 cuando era la secretaria de Organización del PSOE andaluz.
10. "Continuidad delictiva". El juez no acusa a los altos cargos de la Junta de llevarse el dinero como sucede en otros casos de corrupción de políticos como la Operación Púnica, pero sí de prevaricación y malversación de fondos públicos de forma continuada. "Al igual que en el caso de la prevaricación, esta conducta malversadora, se prolongó en el tiempo, como modo de ejecución del plan originalmente establecido en el año 2000 e indudablemente conocido por los investigados desde el año 2005, y se mantuvo con una vocación de perpetuidad hasta que fue puesta al descubierto en el año 2011, de manera que concurren los presupuestos del Art. 74 del Código Penal para afirmar la continuidad delictiva".
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