-Hace unos meses, Rafael Vera hizo unas declaraciones en televisión en las que decía que si algo bueno tuvo el GAL fue que con su aparición Francia empezó a tomarse a ETA como un asunto propio y a implicarse más en la lucha antiterrorista. ¿Usted podría corroborar esto de alguna forma?
-Sucedió justo lo contrario, al menos en lo judicial. Lo que consiguió el GAL fue que Francia se retrayera en la lucha contra ETA, y sólo cuando el GAL comenzó a ser investigado aquí se desbloqueó la situación. Hasta que la Audiencia Nacional abrió el procedimiento, la imagen que se proyectaba desde España delataba que a nadie le preocupaba investigar aquello. No hay más que recordar cómo el juez de instrucción de Bayona, Christopher Seys, dejó literalmente sobre le mesa del juez Carlos Bueren, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, la documentación del sumario francés sobre los atentados cometidos en febrero de 1986 en los bares de Bayona y San Juan de la Cruz. Nadie había pedido esos informes, pero Seys los dejó caer allí como diciendo "por si les interesa". Y lo cierto es que aquello pasó luego al Juzgado número 5 y se investigó muy poco. Ni siquiera había voluntad de esclarecer la relación de Amedo y Domínguez con los GAL. Todo cambió cuando Carmen Tagle y yo nos encontramos con el juez Armand Riberolles en Bayona en 1988.
-Aunque el encuentro no pudo empezar peor: en un gesto arrogante, Riberolles les enseñó una Declaración de los Derechos Humanos, por si les sonaba de algo.
-Lo que ocurre es que los ejemplos que se daban desde la judicatura española no eran precisamente positivos. En un ambiente de secuestros y atentados, el hecho de que no se hiciera nada se correspondía poco con la idea de un Estado de Derecho. Pero Riberolles comprendió enseguida que todo había cambiado, y lo admitió. Eso sí, no se fiaba del Ministerio Fiscal, seguramente porque en Francia los fiscales tienen menos protagonismo en las investigaciones.
-Un veterano socialista que fue diputado en las Cortes durante la primera legislatura en la que gobernó el PSOE me contó que quienes más se apresuraron a pedir la cabeza de Vera, Barrionuevo y González a cuenta de los GAL fueron los que antes habían pedido mano dura contra ETA, en la calle y en el Congreso. ¿Hubo una presión social que hizo posible la aparición del GAL?
-Los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Pero cuando se sienten desprotegidos pueden llegar a pedir a los jueces cosas inaceptables. Lo que no se puede hacer es interpretar las peticiones de mano dura como una legitimidad para poner en marcha una guerra sucia propia del crimen organizado. Había margen para actuar dentro de la ley, y de hecho se actuó, con logros importantes gracias a la cooperación. Siempre recuerdo las palabras del general Dalla Chiesa: cuando secuestraron a Aldo Moro, la policía detuvo a un miembro de las Brigadas Rojas y se planteó la posibilidad de torturarlo para que confesara el paradero del ex primer ministro. Pero el general dijo: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no recurrir a la tortura". Esta convicción no ha sido tan clara en España. Aquí prefirieron demasiados la guerra sucia.
-¿Si se hubiera despejado la X en la dirección que muchos pedían, hacia el presidente del Gobierno, usted seguiría ejerciendo hoy su cargo en la Audiencia Nacional?
-No me gusta jugar con los tiempos potenciales. Pero siempre respondo de la misma forma: los indicios que pude reunir respecto al GAL los puse a disposición del Tribunal Supremo, tal y como era mi obligación, en las dos ocasiones en que fueron requeridos. En la primera ocasión, la relativa al secuestro de Segundo Marey, hubo una votación muy ajustada y finalmente se reclamó la presencia de Felipe González como testigo, no como procesado. Y en la segunda, la comparecencia se descartó directamente. Pero lo cierto es que, ocurriera lo que ocurriera entonces, mi inhabilitación responde a razones relacionadas con cuestiones políticas y personales, a envidias y a ajustes de cuentas. Acepté meterme en el, según algunos, avispero de los crímenes del franquismo por una cuestión ética, con la convicción de que era posible reparar de algún modo a las víctimas. Y habría sido fácil si realmente hubiéramos superado de una vez la dictadura del franquismo.
-¿Y no ha sido así?
-Cuando se mantienen las mismas prácticas, únicamente se pueden obtener los mismos efectos.
-¿Tal vez era demasiado pronto?
-Reconozco que es difícil investigar los crímenes del franquismo después de una dictadura de cuarenta años que terminó con la muerte del dictador como jefe de Estado, sin rupturas. Y que es aún más difícil dada la voluntad de continuidad que se manifestó entonces, incluida la Ley de Amnistía. Pero, cuando han transcurrido otros cuarenta años, ya no hay argumentos que puedan justificar este silencio. No es cuestión de venganza ni de reabrir viejas heridas, como dicen algunos, sino de reparar a las víctimas a través de la verdad. Es factible, se trata de un proceso normalizado en Naciones Unidas, aunque seguimos empeñados en tapar el sol con un dedo. A las víctimas les debemos, por lo menos, que no tengan que ir de país en país ni por los más diversos organismos internacionales buscando reparación. Que esto suceda así demuestra hasta qué punto resulta nefasta la política española bajo el Gobierno del PP.
-Con respecto a la Jurisdicción Universal, más allá de Pinochet, resulta muy gráfica la imagen del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, bañándose plácidamente en la playa del Sur de España. ¿Qué precio ha pagado España por su derogación?
-Un precio muy alto. Lo que sucede es que su dimensión se oculta con afirmaciones como la que hizo Ruiz-Gallardón cuando dijo que la limitación de la Jurisdicción Universal sólo afectaba en España a un caso. Esas palabras delatan un desconocimiento absoluto o una intención de detener procedimientos. La Jurisdicción se puede redefinir y matizar, pero nunca eliminar, porque los únicos que ganan con ello son personas como el líder de Boko Haram, que buscan financiación para sus actividades terroristas en otros países.
-¿Ha sentido alguna solidaridad hacia Pedro Sánchez durante las últimas semanas?
-Sí. Pedro Sánchez ha mantenido una postura coherente. El PSOE tiene todo el derecho del mundo a tomar sus propias decisiones, pero creo que por encima de esto está la coherencia. La mayoría de los españoles apostamos en las últimas elecciones por el cambio, por lo contrario de la continuidad del PP. Y Sánchez, insisto, fue coherente al respecto. Por cierto, Ciudadanos tendría que hacer una reflexión. Aunque sólo sea a cuenta del alto nivel de abstención.
-¿Cuál es el peor error que ha cometido, señor Garzón?
-Yo no las calificaría de errores, pero las dos decisiones por las que he tenido que pagar un precio más alto han sido la relacionada con los crímenes del franquismo y la de aceptar la interceptación de las comunicaciones entre los máximos responsables de la Gürtel y quienes los visitaban en la cárcel, incluidos quienes los defendían. No los considero errores porque en ambos casos se garantizó el derecho de defensa y se actuó conforme a Derecho. Pero una decisión me costó dos años de inhabilitación y la otra, en virtud de un delito que fue inventado en la misma sentencia, un total de once años.
-¿Y su mayor acierto?
-La actuación a favor de las víctimas y en contra del crimen organizado. A menudo no es lo más cómodo para un juez. Pero no entiendo la justicia de otra manera.
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